LaLiga ha reactivado los bloqueos masivos de direcciones IP coincidiendo con el inicio de la temporada.
La medida, pensada contra retransmisiones ilegales, llegó a bloquear unas 550 IPs en una noche.
Servicios como Cloudflare se vieron afectados y cientos de webs legítimas quedaron inaccesibles.
El problema: una misma IP puede alojar miles de dominios no relacionados entre sí.
Organizaciones y sitios de derechos humanos también sufrieron cortes, según el estudio de OONI.
Críticos hablan de ‘matar moscas a cañonazos’ y de daños reputacionales y económicos.
La autorización judicial cubre hasta la temporada 2026/27 y expira en junio de 2027.
LaLiga quiere prorrogarla, pero ahora existen datos que evidencian los efectos colaterales.
Alternativas: mejorar la oferta legal de streaming o buscar bloqueos más selectivos.
La discusión queda abierta: proporcionalidad, eficacia y quién realmente paga el precio.